La pandemia de COVID-19 irrumpió en el escenario global en medio de la expansión de la globalización económica. En las últimas décadas la globalización logró la reducción de la desigualdad económica entre países, gracias al incremento del comercio internacional, la difusión de la innovación tecnológica y la movilidad del capital y el trabajo. Sin embargo, en muchos casos, exacerbó las desigualdades al interior de los países ocasionado por el incremento del desempleo, especialmente entre la mano de obra menos calificada, producto de la recolocación de ciertos sectores en países con costos laborales más bajos.
En particular, en América Latina, la crisis del COVID-19 emergió durante la fase final del boom de precios de las materias primas. En este periodo, también se observaba una reducción constante de los términos de intercambio y una disminución de la producción manufacturera debido a la sustitución por producto extranjeros. Otra característica persistente de este periodo previo al COVID en la región fue el incremento de las desigualdades, como señala Bourguignon en su libro La globalización de la desigualdad.
Facundo Alvaredo, Thomas Piketty y otros, en un estudio de 2018, indicaron que las brechas entre países se incrementan en función de la desigualdad interna de cada país. Si las naciones siguen una trayectoria de desigualdad económica similar a la de Estados Unidos, caracterizada por altos niveles de desigualdad, las brechas entre el percentil más alto (sectores más ricos) y los más bajos (sectores más pobres) se ensanchan, y el crecimiento de los ingresos por adulto es más lento. En contraste, si sigue una senda de mayor equidad, como la europea, las brechas se reducen y el crecimiento de los ingreso por adulto es más robusto.
Entonces, ¿Cómo afectará la pandemia de COVID-19 a la desigualdad en un contexto de globalización? De acuerdo con un informe de Vargas y Narayan (2020) del Centre for Disaster Protection, en pandemias anteriores de menor envergadura, la desigualdad aumentó en los cinco años posteriores al evento. Por tanto, se espera que en el caso del COVID-19, el efecto sea aún más pronunciado. Esto se debe a varios factores, como el efecto desigual en el mercado laboral, que perjudica principalmente a las mujeres y trabajadores con menor nivel educativo, especialmente en los sectores industriales y servicios urbanos. Además, la vulnerabilidad de las microempresas para cumplir con sus deudas y generar ingresos dificulta su crecimiento, la generación de empleo y acceso al capital. A largo plazo, se anticipan tres consecuencias que podrían incrementar la desigualdad: i) la pérdida prolongada de empleos, ii) disrupciones escolares y iii) otras consecuencias derivadas de las estrategias de respuesta a la pandemia, como la reducción del consumo de alimentos y la venta de activos productivos, que suelen tener repercusiones a largo plazo.
Un reporte del BID de 2020, en línea con lo anterior, destaca que si bien los efectos negativos de la pandemia, en términos de pobreza y desempleo, afectaron a todos los grupos de población, las personas sin educación superior tienen una mayor probabilidad de caer en el desempleo o la informalidad. También se observa un deterioro en el mercado laboral de la clase media y en la participación de las mujeres. Además, se prevé que pasen varios años antes que la región de América Latina y el Caribe pueda regresar a los niveles previos a la crisis. Los efectos en el corto plazo se manifestaron en la contracción de la demanda producto de las medidas de confinamiento y la pérdida de empleos, especialmente de aquellos que solo pueden realizarse de manera presencial como los trabajos manuales. Para mitigar esta situación, muchos gobiernos optaron por aplicar transferencias de emergencia focalizadas a grupos vulnerables. El efecto también se ve en los sectores económicos que no pueden funcionar con plena capacidad (restaurantes, turismo, servicios personales) hasta que no haya culminado la emergencia sanitaria. Esto ocasionaría efectos duraderos como la caída de salarios de empleo no calificado e impactos negativos en la nutrición y la acumulación de capital humano.
Las cifras del Coeficiente de Gini, recopilados por el Banco Mundial en los últimos años, parecen confirmar esta tendencia. Los casos más destacados en Sudamérica son los de países como Bolivia y Perú, donde se revirtió la tendencia a la baja de la desigualdad en 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia de COVID-19 en Latinoamérica y las restricciones consecuentes. En Colombia aunque la tendencia previa a la pandemia era alcista, el aumento en el primer año de pandemia fue más pronunciado que en años previos. Por el contrario, Argentina muestra una tendencia ligeramente negativa aunque posiblemente no significativa estadísticamente.
Probablemente, los países con mayor desarrollo, capacidad tecnológica (especialmente para desarrollar vacunas y paliativos para enfrentar la pandemia), menor desigualdad de ingresos y un acceso más amplio a la salud y la educación serán los primeros en superar la crisis. Esto aumentaría la desigualdad con respecto a aquellos países que aún luchan contra el COVID-19 y sus consecuencias. En economías con altos niveles de pobreza y desigualdad, donde el acceso a la atención médica es limitado, es probable que los estratos más bajos sufran mayores consecuencias en términos de salud, producción y desempleo, por citar solo tres aspectos. La situación sería aún más precaria si se consideran las brechas tecnológicas que impiden el acceso a la educación a distancia, lo cual afectará el desarrollo del capital humano en esos sectores.
Las transferencias y otros programas de distribución con efectividad comprobada pueden ser un paliativo para evitar un aumento de la desigualdad a corto y mediano plazo. Además, será necesario realizar inversiones significativas en salud, educación y ciencia y tecnología. El desafío para los gobiernos consistirá en administrar los recursos de manera eficiente para financiar estas medidas sin incurrir en un excesivo incremento del déficit fiscal.
Por Miguel Ortiz
Qallariy 